Dale Farm, lista para resistir el desalojo

Las mujeres se deshicieron en llanto cuando, el día de ayer, se confirmó la noticia de que jueces habían decidido que los concejales de Basildon están en su derecho para votar una medida de acción directa por valor de tres millones de euros en contra de Dale Farm.

La noche anterior, los abogados que representan a la comunidad estaban esperando recibir luz verde para interponer un recurso de apelación ante la Cámara de los Lores. No obstante, no hay certeza de que el más alto tribunal del Reino Unido acceda a atender el caso. Una solicitud al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es también otra posibilidad.

Sin embargo, debido a una demora anticipada de dos años, semejante maniobra podría implicar que los indecisos jueces británicos concedieran una suspensión de la pena al plan de desahucio de Basildon.

Aún más inmediato es el creciente problema de desamparo al que ahora se enfrentan las 90 familias de la parte no autorizada de Dale Farm al no tener un sitio legal dónde vivir.

Hoy mismo (23 de enero) Kathleen McCarthy, vicepresidenta de la Asociación de Vivienda de Dale Farm (DFHA por sus siglas en inglés) presentará una solicitud colectiva de desamparo en beneficio de otros 300 residentes involucrados.

La próxima semana, una gran cantidad de residentes se registrará como desamparados con el Consejo Distrital de Basildon. El líder del consejo Malcom Buckley ha admitido que el Consejo de Basildon tiene el deber de proveer alojamiento a todo aquel cuya solicitud sea aceptada.

La tramitación del problema de los desamparados puede tomar varias semanas. También se opone a esto el hecho de que una solicitud colectiva similar fue rechazada el año pasado, resultando en la denegación de realojo de dos docenas de familias, basada en el alegato de que ellos mismos habrían sido los artífices de su propio desamparo.

No obstante, después de haber comprometido al Tribunal de Apelaciones para que cumpla sus obligaciones para con los desamparados, el Consejo de Basildon ahora deberá demostrar que cada paso del proceso será objeto de un riguroso seguimiento. De otra manera, podría enfrentarse a una revisión judicial adicional.

Los pobladores de Dale Farm han jurado que no abandonarán sus hogares sin pelear. Pero si fuesen forzados a irse, ya tienen entre manos un plan: se desplazarán a un terreno vecino propiedad de la comunidad, usado en la actualidad como campo de pastoreo para caballos.

“Podemos acampar legalmente en esta tierra durante un mes”, ha dicho Richard Sheridan, presidente de la DFHA y asimismo presidente del Consejo Gitano.

“Si así lo hiciéramos, el consejo tendrá que afrontar otra larga batalla legal para deshacerse de nosotros”.

Ya se han adelantado conversaciones con la Cruz Roja, que ha donado una tienda de campaña de gran tamaño para lo que inicialmente será una ciudad de tiendas de campaña. Aproximadamente 25 cabañas de madera, actualmente en uso en Dale Farm, serían reubicadas allí. En caso de que se remolquen o se abatan a golpes las caravanas -como ya ha sucedido en anteriores desahucios- varios días podrían transcurrir antes de que pudiesen ser reclamadas y traídas de vuelta al nuevo campamento.

La Iglesia Católica local está dispuesta a proveer albergue temporal en dos salones de la iglesia para madres, niños, enfermos y ancianos. La Cruz Roja y otras agencias aportarían transporte, incluyendo el Consejo de Igualdad Racial de Essex.

“El Alto Tribunal falló que el consejo había discriminado ilícitamente a los Viajantes", declaró ayer Keith Lomas, abogado defensor. “Ese hallazgo no fue rebatido en el Tribunal de Apelaciones”.

En el terreno político, el partido laborista de Basildon ha tildado de racialmente contaminada la decisión de desalojo. Una parte del clero ha dicho que será un acto de limpieza étnica.

Desde un punto de vista más práctico, Julie Morgan, miembro del Parlamento, se ha suscrito a una apelación hecha por la DFHA a la Agencia de Protección Civil de la UE. Dicha apelación pide a la Unión Europea que ayude a prevenir lo que Morgan llama un desastre humanitario.

Por añadidura, el comisionado para la infancia del Reino Unido insiste en que Malcom Buckely especifique qué medidas está tomando el consejo para asegurar la seguridad de los niños durante el desalojo y qué alojo alternativo les será ofrecido.

Entretanto, el Consejo Gitano está reuniendo un equipo de monitores de derechos humanos para que supervisen el desahucio. Estará encabezado por Joseph Jones -secretario del Consejo Gitano- quien recientemente comisionó un experto para el Grupo Asesor de las Naciones Unidas en materia de Desahucios Forzados.

“La ONU ha aprobado la puesta en funcionamiento en Londres de una misión de seguimiento de desahucios", explicó Jones. "Nuestra máxima prioridad será notificar sobre el manejo que se le dé a cualquier intento de desahucio en Dale Farm”

Entre aquellos que han ofrecido sus servicios como monitores, se encuentran Lord Avebury, Nick Harvey MP y la Dra. Dimitrina Petrova, directora de la Fundación de Derechos Equitativos (Equal Rights Trust, en inglés).

Se espera que, en un futuro cercano, se lleven a cabo reuniones con funcionarios policiales de rango superior y funcionarios del consejo para discutir la evacuación de niños y personas enfermas antes de que entre la maquinaria pesada a Dale Farm. Representantes de la comunidad –con el respaldo del cuerpo de bomberos de Essex “Fire & Rescue”- harán especial hincapié en que haya una estricta adherencia a regulaciones de salud y seguridad.

El Consejo Gitano posee evidencia documental de que los alguaciles de Constant & Co, compañía contratada por Basildon para desahucios anteriores, ha ignorado frecuentemente regulaciones de seguridad y ha actuado con brutalidad con mujeres y niños. Se han incinerado muchas caravanas y se han desechado un gran número de pertenencias personales sin necesidad alguna.